Hecha la ley, hecho el cargo

L Hay pocas frases tan sabias y certeras en el refranero español. «Con mucha facilidad nos damos cuenta de los defectos de otros, cuando los nuestros pueden ser mayores». En nuestro ojo puede haber una viga, y tan panchos. Así lo define el Instituto Cervantes. Una entidad muy española para una frase más española. No es mi intención parafrasear a Rajoy. Pero el día a día saca a a la luz muchas pajas, muchas vigas y mucha cara. La semana que acaba nos deja resoluciones contundentes. Por un lado, dos sentencias del Supremo señalando a Marzà. El conseller de Educación se saltó a la torera la ley nacional al retirar conciertos de aulas de Bachillerato a centros concertados. Pero aquí no pasa nada. Y el mismo Supremo carga contra la presidenta Monica Oltra por el traslado de menores del centro de Segorbe, al hacerlo de manera ilegal. Pero no pasa nada. Se pleitea y pleitea para estirar el asunto y que caiga en el olvido para la opinión pública. Hecha la ley, hecha la trampa. O mejor, hecha la ley, hecho el cargo. Y aquí nadie asume responsabilidades.

Niños, religiosas, empleados… Son algunas de las víctimas de la decisión que Oltra tomó con el hogar regentado por las Terciarias Capuchinas. Señaladas por la vicepresidenta como encargadas de un centro en el que casi se torturaba a los chavales. Según ella. Nada para la Justicia. Sufrieron la medida los propios niños, trasladados en pleno curso escolar a otro pueblo, entre lágrimas muchos de ellos, con el interés político por encima del siempre supremo interés del menor. Fueron víctimas del traslado la casi veintena de monitores y educadores que se quedaron sin empleo. O el trabajador señalado por Oltra desde el mismísimo estrado de Les Corts por unos abusos a una menor que luego rechazó un juzgado. Pero no pasa nada. La vicepresidenta acusa a los jueces de politizar y se arrellana en su poltrona. Igual los que politizan son Pedro y Pablo con su intento de designar ‘a dedo’ al Poder Judicial. Pero esa es otra historia (o no…).

Alumnos, padres, profesores… Personas otra vez son las que sufren las decisiones que se toman en la frialdad de un despacho de la conselleria de Campanar. Marzà decide acortar conciertos a una veintena de centros concertados de la Comunitat, con aquel truco de ‘piedra, papel o tijera’ de que la oferta de centros públicos es suficiente y no hay por qué dar ventajas elitistas a los concertados. Todo menos contar que asumir la educación pública esos centros sería menos ventajoso y más costoso (como pasa con la privatización de Torrevieja). Pero claro, una cosa es la educación y la sanidad y otra la política.

Pero detrás de la firma en Campanar se tuerce la vida académica de muchos centros que iban a impartir clase en esas aulas. De muchos padres que iban a contar con el concierto y ahora tienen que ajustarse más el cinturón para pagar más por el colegio. De muchos alumnos cuyos progenitores no llegan (los concertados hace mucho que dejaron de ser cosa de ricos) y tienen que cambiar de centro. Marzà lo hizo mal. No lo digo yo, lo dice el Supremo. Pero da igual. «Es absurdo», dice la vicepresidenta sobre la sentencia. Desde su sillón. Y a seguir el juego.

Unos minutos. Eso es lo que tardó un ministro británico (Michael Bates) en llegar a la Cámara de los Lores. Su retraso le impidió contestar a una pregunta parlamentaria. Ocurrió en 2018. Y dimitió. Aquí nos gusta mucho mirar a Europa como ejemplo. Pero para las cosas que de verdad importan siempre vamos muy tarde.

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