Trabajo y los agentes sociales llegan a un preacuerdo para regular el teletrabajo

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, antes de la reunión con los dirigentes de las patronales, CEOE Antonio Garamendi; y Cepyme, Gerardo Cuerva, y de los sindicatos, CCOO, Unai Sordo, y UGT, Pepe Álvarez.
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, antes de la reunión con los dirigentes de las patronales, CEOE Antonio Garamendi; y Cepyme, Gerardo Cuerva, y de los sindicatos, CCOO, Unai Sordo, y UGT, Pepe Álvarez.Mariscal / EFE

El Ministerio de Trabajo, los sindicatos y los empresarios han llegado a un preacuerdo para regular el teletrabajo. Llegar al punto de encuentro ha sido mucho más prolongado y laborioso de lo previsto inicialmente, cuando se conoció el texto inicial propuesto por el Ejecutivo a finales del pasado junio. Los últimos flecos se han diluido este lunes en una reunión que ha durado casi nueve horas, apuntan varias fuentes del diálogo social. Este pacto previo todavía debe ser ratificado por las ejecutivas de los agentes sociales ―los sindicatos CC OO y UGT por un lado, y la patronal CEOE-Cepyme por el otro― y todo indica que mañana martes se aprobará un decreto ley en el Consejo de Ministros.

Después de tres meses de negociación, contando el parón veraniego, todavía en la última reunión de este lunes no estaba claro que se fuera a llegar a un acuerdo. Los últimos escollos estaban en cuándo empezaba a aplicarse la nueva regulación para quienes vienen teletrabajando a consecuencia de la pandemia, apuntan varias fuentes de la negociación. La patronal CEOE exigía que se esperara hasta que se supere la situación generada por el coronavirus y obligara a su cumplimiento después. Los sindicatos, por su parte, rechazaban esta posibilidad. El otro elemento que se habría abierto en las últimas citas es el porcentaje de jornada a partir del que se considera que alguien está teletrabajando y, por tanto, hay que aplicar la regulación. La patronal había reclamado que estuviera por encima del 20% y el Gobierno accedió a fijarlo en el 30%, lo que suponía que fueran al menos dos días a la semana de trabajo en remoto. Sin embargo, en las últimas reuniones UGT ha rechazado esta opción.

Ambos obstáculos se han superado finalmente y se ha llegado a un principio de acuerdo, que hoy debe ratificarse en los órganos de gobierno de los distintos agentes sociales y se aprobaría en el Consejo de Ministros. Este visto bueno, ya casi acabando septiembre, excede con mucho las intenciones iniciales del Ministerio de Trabajo, que hubiera querido tener aprobado un proyecto de ley en julio. En cambio, los tiempos y las liturgias del diálogo social, y las resistencias de los agentes sociales, principalmente de la patronal CEOE, han demorado el pacto hasta ahora.

En este tiempo, el Ministerio de Trabajo ha cambiado de parecer y la tramitación del texto legal ya no será como un proyecto de ley, sino que se hará como un decreto ley. Esto se traduce en que entrará en vigor ―con las salvedades que contenga el texto― una vez se publique en el BOE y tendrá que ser ratificado en el Congreso, algo que parece garantizado si finalmente llega con el aval de sindicatos y empresarios.

La demora ha facilitado un acercamiento entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos. A lo largo de las negociaciones el Gobierno sacó de la regulación los empleados públicos, algo que rechazaban UGT y CC OO. Sin embargo, ha llegado antes el pacto entre las centrales de funcionarios y el Ministerio de Administración Pública, lo cual ha hecho innecesaria la inclusión de este colectivo.

El teletrabajo empezará por la firma de un acuerdo entre las dos partes, trabajador y empresario, un paso que será obligatorio y previo a su implantación. En él deberán recogerse los medios que se requieren para hacer la tarea y la enumeración de los gastos que recaerán sobre la empresa. La forma de pago de esto último podrá pactarse en la negociación colectiva.

De la propuesta inicial del Ejecutivo hasta las versiones finales, ha ido ganando espacio el margen que deja la norma a la negociación colectiva para fijar condiciones y aspectos del teletrabajo. También se ha matizado la redacción sobre el derecho del trabajador a un horario flexible si no se fijaba un horario claro en el acuerdo preceptivo.

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