La declaración de Castedo y Ortiz reanudará este miércoles el juicio sobre el amaño del PGOU

La declaraciones de los exalcaldes de Alicante Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi, ambos del PP, y del constructor Enrique Ortiz reanudarán el próximo miércoles el juicio sobre el supuesto amaño del Plan General de Urbanismo de Alicante (PGOU), una de las ramas del denominado ‘caso Brugal’.

De entre nueve acusados en la Audiencia Provincial de Alicante, los principales son los dos ex alcaldes del PP por supuestamente tratar de beneficiar al constructor Ortiz durante la tramitación, entre 2008 y 2010, del PGOU, que finalmente no fue aprobado y, por lo tanto, no llegó a entrar en vigor.

La fiscalía Anticorrupción considera que los dos expolíticos populares facilitaron al promotor información sobre el futuro planeamiento urbanístico de la ciudad durante su fase de redacción, cuando su diseño todavía no era público, a cambio de supuestas prebendas.

Entre ellas, diversas entregas de dinero en metálico, un vehículo modelo Mini Cooper y varios viajes pagados a Ibiza, Creta y Andorra, según el sumario.

Anticorrupción solicita diez años de prisión para Castedo, y 10 años y 2 meses para Díaz Alperi tras acusarles a ambos de delitos continuados de revelación de información privilegiada por autoridad o funcionario, cohecho y tráfico de influencias, y en lo que respecta a Ortiz pide 8 años por supuesto tráfico de influencias y cohecho.

En las sesiones iniciales celebradas entre junio y julio, en la que se plantearon las cuestiones previas, el tribunal de la Sección Tercera desestimó la petición cursada por la defensa de Díaz Alperi de que pudiese declarar el último, en vez de en la jornada inicial junto a su sucesora en la alcaldía, Sonia Castedo, y el promotor Ortiz.

Así, salvo modificación posterior, las declaraciones del resto de los seis procesados están previstas para las sesiones sucesivas, el jueves 24 de septiembre y el 2 de octubre.

El proceso sigue pendiente de que se resuelvan las peticiones de nulidad de las escuchas telefónicas en los que se sustentó parte de la investigación del ‘caso Brugal’, iniciado a partir de las sospechas de amaño de la adjudicación de la contrata de recogida de la basura del municipio de Orihuela y de la que salieron una veintena de piezas separadas, entre ellas las del PGOU alicantino.

Las solicitudes de nulidad de los audios fueron planteadas por todas las defensas en las dos primeras sesiones del juicio (cuestiones previas), justo un mes después de que la Sección Séptima de la Audiencia anulase esas grabaciones que dieron origen a toda la investigación del ‘caso Brugal’ y

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