La jueza absuelve al exconseller Cartagena del fraude fiscal en Metrored

El caso Metrored ha terminado con una sentencia absolutoria para el exconseller de Obras Públicas Luis Fernando Cartagena y el resto de empresarios acusados de fraude fiscal en la conocida empresa tecnológica que llegó en su día a patrocinar -y no pagar- al Valencia CF. La causa ha estado repleta de retrasos. En la instrucción, en el señalamiento -cinco aplazamientos tuvo la vista por diferentes causas- e incluso en la sentencia que llega diez meses después de terminar el juicio. Y este retraso en la redacción del fallo teniendo en cuenta el parón judicial por la pandemia, casi dos meses sin señalamientos salvo asuntos urgentes.

La fiscalía, que modificó sus conclusiones y rebajó a dos años y medio la pena de prisión para todos los acusados, sostenía que los empresarios idearon una estructura dirigida a evadir impuestos y lo lograron con un fraude que superó los 7, 7 millones de euros. La investigación puso sobre la mesa indicios de que entre 2005 y 2008 desde la sede social de Metrored en Paterna se utilizó una estructura dirigida a defraudar el IVA «emitiendo facturas sin repercutir este impuesto a entidades domiciliadas en Canarias». La empresa se dedicaba a la reventa de minutos telefónicos.

Luis Fernando Cartagena, exconseller en la época de Eduardo Zaplana, era el consejero apoderado de Metrored. Durante su declaración, explicó que llegó a la compañía después de que se creara la firma Dania, utilizada para estas facturaciones bajo sospecha.

La magistrada considera que no ha quedado acreditado que los consejeros de Metrored facturaran a sabiendas sin IVA operaciones y servicios que debían estar sujetos a ese impuesto, según informó en una nota el TSJ. Así, no se ha probado que los clientes a los que giraron esas facturas hubieran fijado de forma ficticia su domicilio a efectos fiscales en Canarias y operaran realmente en el territorio de aplicación del impuesto (TAI). Y aunque así fuera, tampoco consta que los responsables de Metrored, extinguida actualmente junto con el resto de empresa de la supuesta trama tras un procedimiento concursal, fueran conscientes.

«No puede entenderse que el deber de auxilio de los retenedores del IVA como colaboradores de la AEAT tenga que traducirse en la necesidad de que estos investiguen, más allá de lo razonable, que los datos que facilitan sus clientes son o no reales», razona la juzgadora, pues eso equivaldría a que esos colaboradores actuaran «como verdaderos inspectores de Hacienda». También se recuerda en la sentencia que los acusados no podían comprobar como sí hizo Hacienda en sus ficheros los datos de dónde se encontraban estas mercantiles bajo sospecha. Con todas estas circunstancias, la magistrada interpreta los hechos de la forma más favorable para los acusados, es decir, con la absolución.

La sentencia de Penal 17 rechaza, de igual modo, algunas cuestiones previas planteadas por las defensas como la prescripción.

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