El expresidente del BBVA pide al juez del ‘caso Villarejo’ que no se informe de la escolta que le paga en el banco

Llegada del expresidente del BBVA, Francisco González, a su despacho particular de Madrid en junio de 2019.
Llegada del expresidente del BBVA, Francisco González, a su despacho particular de Madrid en junio de 2019.ULY MARTIN

Los abogados de Francisco González, expresidente del BBVA imputado en el caso que investiga los pagos del banco al comisario jubilado José Manuel Villarejo, piden al juez de la Audiencia Nacional que no exija información relativa a su escolta “porque podría entrañar graves riesgos hacia su seguridad”.

En un escrito presentado este martes explican que el 1 de julio supieron que el magistrado Manuel García-Castellón había dado el visto bueno a una petición de Luis Pineda, presidente de Ausbanc, personado en la causa, que solicitaba saber “hasta cuando Francisco González ha tenido vínculo profesional de cualquier clase con el grupo BBVA (incluida la Fundación) y en su caso hasta cuando ha continuado obteniendo beneficios personales de la entidad (tales como de seguridad y escolta) con expresión de cuáles”.

El letrado Jesús Santos Alonso pide un “recurso de reforma” para que no se cumpla esa diligencia porque “no solo es inútil e innecesaria, sino que además resulta altamente perjudicial para los intereses de mi representado, y podría entrañar graves riesgos hacia su seguridad y la de su entorno. Riesgos y perjuicios que resultan absolutamente injustificados porque la información requerida carece de la más mínima relevancia e interés en el presente procedimiento”.

Los ordenadores personales de González

Pineda -que está acusado por extorsión a bancos y la fiscalía le reclama 119 años de prisión en otra causa, como también recuerda el abogado de González en el escrito-, participó en el interrogatorio al testigo-perito Alberto García Martín, principal responsable de la investigación forensic de PwC sobre la actuación del BBVA. Preguntó por los dispositivos que pudieron aprehenderse para la obtención de las evidencias digitales por parte de PwC sobre González, ya que en esta investigación del caso BBVA-Villarejo solo se hacen referencia a correos electrónicos que estaban en el servidor del banco pero no a ordenadores, móviles y tabletas que pudiera haber utilizado. El socio de PwC respondió que los correos eran el material que quedaba en poder del BBVA y que los otros dispositivos no estaban en el banco y por eso no se analizaron.

Según los letrados de González, a raíz de esa petición, Pineda la amplía y llega a solicitar “los beneficios personales tales como seguridad y escolta” que Francisco González haya obtenido del BBVA, “algo que carece totalmente de interés para la investigación y son absolutamente irrelevantes” para la causa que se investiga. El escrito solicita que no se mantenga el apercibimiento de desobediencia a la autoridad judicial sobre el socio de PwC en caso de que no facilite esta información.

En el escrito se dice que lo que se pide “versa sobre una materia tan sumamente delicada y sensible como es la seguridad del expresidente de una de las entidades financieras más importantes de nuestro país, cuya divulgación puede comprometer la eficacia de las medidas de protección que pudieran potencialmente haber sido acordadas. Huelga explicar que la necesidad de que personas como González puedan disponer de determinadas medidas de seguridad no es fruto del azar, sino que se deriva de la existencia de riesgos inherentes a su condición (en este caso, de expresidente del BBVA) y a su vinculación con una entidad financiera tan importante en nuestro país”.

Y añade el escrito que “no podemos obviar que quien realiza la petición es el señor Pineda, quien se encuentra acusado en un procedimiento penal distinto al presente con solicitudes de penas de más de 100 años de prisión, y quien –como ya ha sido denunciado por otras partes procesales– estaría tratando de instrumentalizar el presente procedimiento para obtener información que utilizar para fines ajenos al mismo”.

Una escolta de dos millones al año

Este escrito llega después de otro presentado este lunes en el que el BBVA ha pedido al juez que no exigiera a PwC que entregara 2.007 informes que relacionaban a González con Ausbanc. La respuesta de Pineda ha sido pedir la suspensión del escrito del BBVA por considerar que “carece de legitimación” para pedir que PwC no entregue una información que obra en su poder.

Hace ahora un año, EL PAÍS publicó que el expresidente del BBVA mantenía en aquel momento un gran grupo de escoltas: 14 profesionales de la seguridad para dentro y fuera de su casa. Y su esposa contaba con dos más, 16 en total. Pese a estar jubilado desde diciembre de 2018, la entidad asumía todos los gastos, según fuentes no oficiales del banco y exmiembros de la seguridad de la entidad. La entidad nunca ha querido hacer comentarios sobre esta cuestión porque entiende que son temas de seguridad. El coste anual de este servicio está cifrado en unos dos millones de euros, porque además de los escoltas se incluyen coches de alta gama para González y su esposa. La seguridad de González es superior a la del actual presidente Carlos Torres y cuenta con la aprobación del consejo de administración.

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