La Junta de Castilla y León reconoce el descuadre en las cifras de fallecidos por coronavirus

Los datos de fallecidos por coronavirus en Castilla y León desde el 14 de marzo pasado que maneja la Junta y que son los que facilita cada día al Ministerio de Sanidad recogen solo las defunciones «constatadas» que se han producido por Covid-19 en los hospitales de la comunidad autónoma. Esta cifra excluye los muertos en las residencias bajo el epígrafe de «fallecidos por síntomas compatibles con el coronavirus» que recoge la estadística de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades con los datos que introducen los 1.214 centros asistenciales desde las diez de la mañana (aunque algunos no siempre llegan a tiempo y no todos cargan los datos, solo el 95%) en la plataforma de la Junta. El ‘mapeo’ fue estrenado el pasado lunes para elaborar «una fotografía diaria, puntual y lo más real posible» de las residencias, en palabras de la propia consejera, Isabel Blanco.

Según los últimos datos aportados ayer por la responsable de la Consejería de Sanidad, Verónica Casado, desde que se decretó el estado de alarma hasta ayer mismo han fallecido en los hospitales 786 personas, 63 de las cuales murieron en las últimas 24 horas. Dentro de esta cifra, señaló la consejera de Familia, se contabilizan los 332 fallecidos procedentes de centros asistenciales de la comunidad que sí están «confirmados» como Covid y que, según ha subrayado la consejera de Familia, «el 80% o 90% de ellos», habrían muerto en hospitales. Los que seguro no están en esa cuenta, dijo Isabel Blanco, son los otros 516 mayores que han muerto con síntomas compatibles con la enfermedad en sus habitaciones de las residencias (Durante la rueda de prensa de las 13:00 horas esa cifra era de 461, aunque se actualizó por la noche con otros 55 fallecidos con síntomas covid en residencias que comunicaron los datos por la tarde). Son 141 los centros geriátricos de la comunidad que han registrado muertes compatibles y se trata de personas a quienes no se ha hecho el test de detección, con lo que en la estadística oficial no cuentan como casos positivos. De esta manera, según las cuentas de Familia, «solo el 30% o 40% mueren en las residencias con síntomas compatibles» y no se pueden sumar a los finados positivos confirmados.

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El Norte de Castilla publicaba días atrás que el 92% de los fallecidos en la comunidad por la pandemia pertenecían a residencias de ancianos, al sumar los covid confirmados con los sospechosos no testados pero catalogados «con síntomas compatibles» y en cuyos partes de defunción figura como causa de la muerte el Covid-19.

Respecto de estas defunciones, Blanco ha insistido en que «pueden ser covid o no», aunque muchos de los fallecidos en residencias no presentaban patologías previas a la epidemia, como constata el personal consultado de residencias donde se ha producido un llamativo número de muertes en los últimos 21 días en este contexto epidemiológico.

Preguntadas ambas consejeras por el descuadre de los datos oficiales, Casado concluyó que «es normal que no cuadren las cifras, porque nosotros solo contabilizamos los fallecidos en hospitales con positivos, tal y como nos pide el Ministerio», pero indicó que se está intentando «triangular fuentes e informes» para perfeccionar la estadística y por ello se ha contactado con el Instituto de Medicina Legal y Forense con el fin de realizar más confirmaciones de fallecimientos bajo sospecha de contagio.

No explicaron tampoco a qué se debe que se haya disparado la mortandad residencial (con y sin Covid-19) este pasado marzo respecto del mismo mes de 2019, como reflejan los propios datos publicados en Gobierno Abierto. Para realizar este cálculo se toman en cuenta las bajas de tarjetas sanitarias. En marzo de este año se contabilizaban 1.106 muertos en las residencias de la región, frente a los 739 del año pasado.

Test

El Círculo de Empresarios de Atención a Personas (Ceaps) cuestiona los datos oficiales. Según el mapa elaborado por esta entidad con datos del 2 de abril, salen un total de 7.355 casos en Castilla y León, 641 muertos, 690 centros con 47.020 plazas y 810 positivos en residencias. Por ello piden «con urgencia» que se distribuyan test en los centros «para poder ofrecer garantías a usuarios, profesionales y familias». Tras el estudio de los datos oficiales de todas las comunidades, Ceaps refiere que, de los 110.238 contagios de por Covid en España, 7.988 se han producido en residencias (excluyendo Madrid, que dejó de ofrecer datos el 26 de marzo, con 1.070 fallecidos en centros).

Señala esta organización que, tras analizar las tablas, «lo que se comprueba es la falta de información por la ausencia de realización de test en los centros, tanto a trabajadores como a usuarios». Critican el método de recogida de datos «a través de documentos que remitimos diariamente a las administraciones públicas, en ocasiones hasta cuatro formularios diferentes para cuatro organismos y lo hacemos sin test o con test privados que en algunas regiones están ya requisando», como en Castilla y León, y eso «no ofrece garantías para los profesionales ni se pueden establecer métodos y criterios efectivos de trabajo».

Insisten en la «falta de criterio y coherencia en los datos» oficiales. «No hay uniformidad: hay comunidades que sí señalan el número de centros con casos positivos, otros solo de infectados y otros, el de fallecidos». Destaca que Castilla y León, Castilla-La Mancha y Murcia suman los datos de centros de personas con discapacidad y los de mayores.

Tras el pormenorizado estudio de los datos oficiales de todas las comunidades, Ceaps refiere que, de los 110.238 contagios de por Covid en España, 7.988 se han producido en residencias (excluyendo Madrid, que dejó de ofrecer datos el 26 de marzo, con 1.070 fallecidos en centros).

Señala esta organización que, tras analizar las tablas, «lo que se comprueba es la falta de información por la ausencia de realización de test en los centros, tanto a trabajadores como a usuarios». Critican el método de recogida de datos «a través de documentos que remitimos diariamente a las administraciones públicas, en ocasiones hasta cuatro formularios diferentes para cuatro organismos y lo hacemos sin test o con test privados que en algunas regiones están ya requisando», como en Castilla y León, y eso «no ofrece garantías para los profesionales ni se pueden establecer métodos y criterios efectivos de trabajo».

Insisten en la «falta de criterio y coherencia en los datos» oficiales. «No hay uniformidad: hay comunidades que sí señalan el número de centros con casos positivos, otros solo de infectados y otros, solo el de fallecidos». Destaca que Castilla y León, Castilla La Mancha y Murcia, además, suman los datos de los centros de atención a personas con discapacidad y los de residencias de mayores.

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