El Consell pide datos del impacto del coronavirus en su sector público

El impacto del coronavirus en la economía valenciana deja a estas alturas un balance demoledor. La pandemia no sólo genera una cifra de muertos y contagios que parece no tener fin, sino que el estado de alarma y el confinamiento de personas deja a las empresas sin actividad y a los trabajadores en una situación crítica. Los ERTE se multiplican y las ayudas que anuncian las administraciones públicas parecen poca respuesta para una crisis de dimensiones globales.

La administración autonómica valenciana ha puesto en marcha iniciativas para medir cuál está siendo el impacto del coronavirus en su sector público en términos económicos y laborales. El conseller de Hacienda, Vicent Soler, ya remitió hace poco más de diez días una instrucción en la que emplazaba a las entidades que conforman el sector público instrumental de la Generalitat a informar de las medidas que iban adoptando en los centros de trabajo de cada una de ellas. Además, el conseller trasladó a las entidades que vieran afectada su programación de actividad de fomento en sectores económicos afectados por el virus, o su actividad de producción de servicios en el mercado (esencialmente las mercantiles) la necesidad de que revisaran sus planes actuales de actuación con atención específica a las medidas a adoptar en el marco laboral.

Es decir, Hacienda ponía el foco en la situación en la que quedan los trabajadores de las empresas públicas, muchas de las cuáles se han visto obligadas a cancelar prácticamente toda su actividad. Una circunstancia que, en algunos casos, incluso podría ser susceptible de la aplicación de un ERTE por fuerza mayor. Ese escenario, todavía en fase de estudio, podría consolidarse a partir de la información que ya han remitido las entidades. El IVAM, por ejemplo, permanece cerrado desde el pasado 13 de marzo, exactamente, igual que Cacsa, el Palau de les Arts o el Consorcio de Museos, sólo por citar algunos ejemplos. Un cierre que afecta a la parte principal de su actividad de cara al público y que se adaptaría a uno de los supuestos por los que sería posible la aprobación de un ERTE.

Al margen de la decisión sobre ese eventual expediente, los responsables de algunas de esas entidades ya han mostrado en privado su rechazo a la posibilidad de que sus entidades y organismos pudieran sufrir una medida de este tipo. Una posición que en algún caso contrasta con la mostrada por las propias organizaciones sindicales, que sí habrían mostrado mayor sensibilidad hacia la excepcional situación generada por el virus también entre el personal del sector público instrumental de la Generalitat.

Ahora, la conselleria se ha vuelto a dirigir a las entidades del sector público para reclamar nueva información respecto al estado de sus finanzas. Sobre la base del decreto de 17 de marzo que ya fijaba una serie de medidas de contratación pública para paliar las consecuencias del coronavirus. En esencia, Hacienda recuerda que ese decreto establece medidas para evitar los efectos negativos sobre el empleo y la viabilidad empresarial derivados de la suspensión de contratos públicos, impidiendo la resolución de esos contratos por parte de todas las entidades que integran el sector público, de manera que el coronavirus y las medidas adoptadas por las administraciones públicas puedan tener un impacto estructural negativo sobre esta parte del tejido productivo. De hecho, para evitar esa eventual resolución de contratos, lo que se prevé es un régimen de suspensión de los mismos.

Pero la parte fundamental de la comunicación de la conselleria tiene que ver con la nueva información que solicita a las entidades que conforman el sector público instrumental de la Generalitat. En concreto, se reclama que a la mayor brevedad se informe de la situación y estado de todos los procedimientos de contratación de cada entidad, de todos sus contratos en vigor, las encomiendas que mantengan, los convenios y las convocatorias de ayudas y subvenciones. Hacienda llega a reclamar información concreta de los créditos comprometidos por cada una de esas entidades.

Es decir, el Consell quiere conocer la situación financiera concreta de cada una de las empresas del sector público. Con el ejercicio presupuestario recién arrancado, pero con una situación de parón de actividad que condiciona la actividad financiera de cada una de las entidades, el Ejecutivo valenciano se plantea qué medidas adoptar para garantizar que los fondos destinados a su sector público reciban el uso adecuado, máxime teniendo en cuenta que, en el caso de que si se adoptaran medidas vinculadas a la situación de los empleados de las entidades, el nivel de gasto se vería obviamente afectado. Hacienda aún está a la espera de que las entidades le den una respuesta concreta a ese requerimiento.

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