La construcción funciona a medio gas entre peticiones de una parálisis total

Obreros trabajando, el pasado lunes, en la construcción de un bloque de viviendas en Bormujos (Sevilla).Obreros trabajando, el pasado lunes, en la construcción de un bloque de viviendas en Bormujos (Sevilla).PACO PUENTES / EL PAIS (EL PAÍS)

El vacío que se percibe en muchas calles españolas contrasta estos días con el ajetreo de algunas obras que continúan en marcha. El decreto del pasado 14 de marzo, por el que se declaró el estado de alarma, no incluyó la construcción entre las actividades que debían paralizarse. Pero eso no implica que el sector, que aporta el 10% del PIB a la economía española, trabaje con normalidad. Ante esa evidencia han surgido divergencias entre administraciones y también entre diferentes actores del sector.

Quienes más claramente pusieron su carta sobre la mesa fueron los colegios profesionales de arquitectos, aparejadores e ingenieros técnicos de obras públicas. El pasado martes enviaron una misiva a José Luis Ábalos, ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (antiguo Fomento), pidiendo al Gobierno una paralización general de las obras. “Hemos consensuado entre tres profesiones que hacemos dirección de obra y coordinación de seguridad y salud que es una petición razonable”, explica Alfredo Sanz, presidente del Consejo General de la Arquitectura Técnica de España. Puesto que “cada obra es un mundo”, recuerda, se contemplan excepciones como por ejemplo aquellos trabajos que sean necesarios para contener el avance de la pandemia.

Para el arquitecto técnico Rafael Luna se trata de una exigencia lógica. “La realidad es que se hace muy difícil continuar con una obra”, asegura. Él tiene 12 teóricamente activas en la provincia de Huelva y todas salvo dos se han detenido. Pedro Hojas, secretario general de Industria, Construcción y Agro del sindicato UGT, resume algunos de los impedimentos más comunes: “Mantener las condiciones de salubridad de las obras es complicado y en grandes capitales hay cuadrillas de trabajadores que se desplazan desde fuera en furgonetas”, algo prohibido en las actuales condiciones.

Precisamente ese argumento, el de que algunas obras producen desplazamientos y concentraciones innecesarias de personas en Madrid, empleó su alcalde, José Luis Martínez-Almeida, para pedir este miércoles la paralización de la actividad. Fomento responde que aquellos trabajos que no cumplan con las normas del estado de alarma deben ser cerrados por el Consistorio. De momento, este solo ha dictado un protocolo para la Policía Municipal (como comprobar distancias entre trabajadores o los equipos de protección) pero no ha cerrado ninguna obra pese a que en muchas no se cumplen a simple vista esos requerimientos, informa Luis de Vega.

A la exigencia de la capital se ha sumado también, más tímidamente, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. En Cataluña, el gobierno de la Generalitat anunció el martes que los trabajos que dependan del sector público quedarían suspendidos por el riesgo de contagio. Sin embargo, en el diario oficial de la Generalitat el Govern rectificó un día después y solo se suspenderán las obras si los contratistas lo piden. La Cámara de Contratistas de Obras de Cataluña ya avanzó en los últimos días que las obras “no esenciales” deberían suspenderse. El Colegio de Arquitectos de Cataluña (COAC) se suma a esta reclamación: “Pedimos la paralización de todas las actividades que no sean esenciales”, explica una portavoz del COAC, informa Josep Catà.

La patronal pide seguridad jurídica

Seopan, la patronal de grandes constructoras, no se ha pronunciado sin embargo sobre si las obras deben cerrar o no. Fuentes del sector admiten la dificultad de llegar a una posición común por la diversidad de intereses entre las empresas que lo componen. En la respuesta que dio la patronal al envite de arquitectos e ingenieros, mediante un comunicado a última hora del martes, sí se pedía que el Gobierno reconozca como “causa de fuerza mayor” las consecuencias que pueda tener sobre una obra la pandemia y se reclamaban medidas de liquidez. A la vez, Seopan recordaba que el sector aporta mensualmente cerca de 1,3 millones de empleos.

Asprima, la asociación de promotores inmobiliarios madrileños, apuesta por “seguir con la actividad siempre y cuando se cumplan las medidas de seguridad y salud establecidas por las autoridades sanitarias en todos los centros de trabajo”, recuerda su secretario general, Daniel Cuervo. “Es importante recordar que según el protocolo de Sanidad, nuestra actividad está considerada de bajo riesgo en lo que supone el contagio de la Covid-19 en el ejercicio de la misma”, añade.

El equilibrio entre la necesidad de contener la pandemia y la de no golpear de más a un sector económico importante, está presente en todas las valoraciones y dificulta tomar una decisión tajante. “Es una locomotora que mueve mucho dinero y a mucha gente de sectores adyacentes y una paralización total supondría unos daños incalculables”, admite Sanz. “La responsabilidad lo que pide es que en todos los sitios donde se pueda trabajar hay que seguir trabajando”, reflexiona Hojas, de UGT. Con todos esos condicionantes sobre la mesa, fuentes del Gobierno señalan que la situación se analiza continuamente y en caso necesario podría ampliarse la paralización de actividades. Eso no excluye, añaden esas fuentes, que las Comunidades Autónomas controlen cómo se aplican las normas y puedan decidir el cierre de obras concretas.

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