Una juez ordena a la Comunidad de Madrid dotar de protección a los sanitarios en 24 horas

La magistrada del Juzgado de lo Social nº 31 de Madrid ha acordado este miércoles requerir a la Comunidad de Madrid para que proporcione material sanitario adecuado a sus trabajadores en el plazo de 24 horas.

La juez admite las medidas cautelarísimas solicitadas por la Asociación de Médicos Titulados y Superiores de Madrid (Amyts) contra la Consejería de Sanidad de la Comunidad para que en el plazo de 24 horas provea a «todos los centros de la red del Servicio Madrileño de Salud, Hospitalarios, Asistenciales de Atención Primaria, SUMMA 112, SAR, centros con pacientes institucionalizados, así como todos los demás centros asistenciales de la Comunidad de Madrid, ya sean públicos o privados, y cualesquiera otras dependencias habilitadas para uso sanitario, de batas impermeables, mascarillas FPP2, FPP3, gafas de protección y contenedores de grandes residuos».

«La obligación legal de proteger a los trabajadores por parte de la empresa o administración empleadora, implica también la obligación de dotarles de los medios preventivos necesarios para que realicen su trabajo en las mínimas condiciones de seguridad», señala la titular del juzgado de lo Social número 31 de Madrid.

En su escrito, la magistrada subraya que las medidas preventivas requeridas «son las necesarias para que los profesionales sanitarios puedan realizar su trabajo en las mínimas condiciones de seguridad» y añade que la situación de urgencia a causa de la pandemia del COVID-19 en toda España, pero particularmente en Madrid, «requiere la actuación urgente de todo el profesional médico y sanitario posible para atender a los enfermos y evitar su mayor propagación». Y es que, continúa, la obligación de dotar de material apropiado a los profesionales no sólo se apoya en el «deber de seguridad impuesto a la Administración sanitaria o del derecho del trabajador a ser protegido, sino también del derecho del paciente a ser atendido adecuadamente por el personal sanitario, con el fin de proteger su salud y sobre todo de salvar el mayor número de vidas posible».

En este sentido, asegura que «no cabe duda» de que en la denuncia del sindicato «concurren los dos requisitos legales necesarios para entrar a conocer sobre las medidas cautelarísimas solicitadas».

Paralelamente, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) presentó el martes una denuncia ante el Tribunal Supremo en la que solicita que requiera al Ministerio de Sanidad la distribución de material de protección entre el personal, «dada la situación de emergencia sanitaria» por el COVID-19.

CESM pide que «sin más trámites y en el plazo de cinco días se dicte auto por el que con estimación total de la denuncia se acuerden las medidas cautelarísimas de requerir al ministerio que se provea con carácter urgente e inmediato, en el término de 24 horas, en todos los centros asistenciales públicos o privados» de ese material.

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