Una juez da a Ayuso 24 horas para proporcionar equipos de protección a los sanitarios

La magistrada del Juzgado de lo Social nº 31 de Madrid ha acordado este miércoles requerir a la Comunidad de Madrid para que proporcione material sanitario adecuado a sus trabajadores en el plazo de 24 horas.

La juez admite las medidas cautelarísimas solicitadas por la Asociación de Médicos Titulados y Superiores de Madrid (Amyts) contra la Consejería de Sanidad de la Comunidad para que en el plazo de 24 horas provea a «todos los centros de la red del Servicio Madrileño de Salud, Hospitalarios, Asistenciales de Atención Primaria, SUMMA 112, SAR, centros con pacientes institucionalizados, así como todos los demás centros asistenciales de la Comunidad de Madrid, ya sean públicos o privados, y cualesquiera otras dependencias habilitadas para uso sanitario, de batas impermeables, mascarillas FPP2, FPP3, gafas de protección y contenedores de grandes residuos».

«La obligación legal de proteger a los trabajadores por parte de la empresa o administración empleadora, implica también la obligación de dotarles de los medios preventivos necesarios para que realicen su trabajo en las mínimas condiciones de seguridad», señala la titular del juzgado de lo Social número 31 de Madrid.

En su escrito, la magistrada subraya que las medidas preventivas requeridas «son las necesarias para que los profesionales sanitarios puedan realizar su trabajo en las mínimas condiciones de seguridad» y añade que la situación de urgencia a causa de la pandemia del COVID-19 en toda España, pero particularmente en Madrid, «requiere la actuación urgente de todo el profesional médico y sanitario posible para atender a los enfermos y evitar su mayor propagación». Y es que, continúa, la obligación de dotar de material apropiado a los profesionales no sólo se apoya en el «deber de seguridad impuesto a la Administración sanitaria o del derecho del trabajador a ser protegido, sino también del derecho del paciente a ser atendido adecuadamente por el personal sanitario, con el fin de proteger su salud y sobre todo de salvar el mayor número de vidas posible».

En este sentido, asegura que «no cabe duda» de que en la denuncia del sindicato «concurren los dos requisitos legales necesarios para entrar a conocer sobre las medidas cautelarísimas solicitadas».

La respuesta de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no tardó en llegar. «Vamos a elevar esta decisión a la autoridad pertinente, que en este caso es el mando único del Ministerio de Sanidad, y más desde que se decretó el estado de alarma. Y mientras tanto seguiremos diciendo lo mismo que desde hace muchas semanas: que nos hace falta material», aseguró.

Por su parte, el Tribunal Supremo denegó la medida cautelarísima solicitada por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) para que se instara al Ministerio de Sanidad a proveer en el plazo de 24 horas a todos los centros sanitarios públicos y privados de una serie de medidas de protección. «No consta ninguna actuación contraria a esa exigencia evidente (contar con todos los medios necesarios) y sí son notorias las manifestaciones de los responsables públicos insistiendo en que se están desplegando toda suerte de iniciativas para satisfacerla», aduce el Supremo.

El Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) también interpuso ayer una denuncia ante la Fiscalía General del Estado para que investigue si la falta de material de protección que están sufriendo los profesionales sanitarios podría ser constitutivo de un delito.

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