Las razones del juez para no excarcelar a Villarejo por el coronavirus: “El riesgo de contagio es mayor fuera de prisión”

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, instructor del caso Villarejo, ha dictado un auto por el que rechaza poner en libertad provisional al comisario jubilado como reclamaba su defensa. El magistrado considera que las alegaciones hechas por José Manuel Villarejo sobre el riesgo de contraer el coronavirus en la cárcel son “peregrinas”: “El peligro de contagio podría resultar mayor en el exterior del centro penitenciario que no en el interior del mismo”. El juez recuerda que las medidas adoptadas por el Gobierno en el estado de alarma limitan la libertad de movimientos de las personas, que deben permanecer en sus domicilios, por lo que el hecho de que Villarejo esté encarcelado le coloca “en una situación de mayor protección para su salud si permanece en el interior del centro [penitenciario], que no en el exterior”. El comisario ingresó en la cárcel en noviembre de 2017 acusado de liderar una mafia policial y el pasado octubre, a punto de cumplir los dos años de prisión provisional, García-Castellón decretó la prórroga de la medida otros dos. Esta decisión fue respaldada posteriormente por la Audiencia Nacional.

El auto del juez, fechado el pasado 20 de marzo y dado a conocer este martes a las partes, responde al escrito que el comisario presentó el pasado 17 de marzo en el que reclamaba su excarcelación y se mostraba dispuesto a aceptar algunas medidas cautelares como la comparecencia diaria en un juzgado cercano a su domicilio de Boadilla del Monte (Madrid) o que se le colocara una pulsera de control telemático “para su localización permanente en tanto se mantengan las limitaciones que establece el estado de alarma decretado”. Su principal argumento era el riesgo de contraer el coronavirus en prisión ya que consideraba que la enfermedad iba a propagarse en las prisiones a través de los funcionarios y de los reclusos que disfrutaban de permisos “por muchas medidas que se intenten adoptar”.

García-Castellón, con el respaldo de la Fiscalía Anticorrupción, rechaza de plano la petición y critica duramente las “afirmaciones carentes de fundamento” del escrito del comisario: “Omite explicar en qué medida se está poniendo en riesgo la vida o integridad física en concreto del señor Villarejo, sin explicar si él mismo está infectado por el virus, si en el centro en el que está ingresado hay algún infectado o qué peligro concreto tiene el investigado de enfermar por esta causa”. Tras recordar que la enfermedad que sufre el policía ―hipertensión arterial crónica― está perfectamente tratada por los servicios sanitarios de la prisión de Estremera (Madrid) donde está recluido, le recuerda que su actual situación “no le coloca en una concreta situación de riesgo de contagio, desde luego no más del que podría tener si estuviese en situación de libertad provisional”.

En este sentido, el juez recalca que “la situación del sistema sanitario de la Comunicad de Madrid (comunidad en la que radica la residencia donde pretende quedar recluido el señor Villarejo) no puede concluir en ningún caso que la atención que pueda recibir el investigado del sistema de salud público si queda en libertad vaya a ser mejor que la que pudiera recibir si permanece en el interior del establecimiento penitenciario”. Por todo ello, García-Castellón concluye que “no existe ninguna razón objetiva para asumir que la permanencia en el centro penitenciario del investigado, por sí solo, vaya a aumentar el riesgo de contagio por coronavirus por parte de ningún interno” y recuerda que Instituciones Penitenciarias ya adoptó medidas para evitar la expansión, como la supresión de las visitas de familiares y la suspensión de los permisos de salida de los reclusos.

Según el último recuento de Instituciones Penitenciarias sobre la incidencia de la enfermedad en prisión, solo dos presos ―uno de ellos precisamente en la cárcel de Estremera― y 37 trabajadores penitenciarios han dado positivo por la enfermedad. Otros 90 internos y 180 funcionarios estaban en observación o cuarentena. No se ha registrado ningún fallecimiento por este motivo entre los más de 50.000 internos y 24.000 funcionarios de prisiones.

El auto del magistrado por el que rechaza la excarcelación del policía también hace hincapié en que el riesgo de fuga de Villarejo no ha disminuido desde que se decidió en octubre la prórroga de su prisión provisional y añade que la excarcelación supondría, de hecho, “un injustificado e innecesario incremento” del mismo. También considera “imprescindible” su estancia en prisión “para evitar el riesgo de reiteración delictiva” al considerar que aún quedan numerosas diligencias de investigación cuya práctica “podría ser impedida o perturbada por el investigado en caso de ser puesto en libertad”. En este sentido, señala que aún sigue sin ser desencriptada una parte importante del material informático que se intervino en su domicilio. “Mientras penda el descifrado de este material informático se evidencia un riesgo de destrucción y alteración de estas pruebas por parte del investigado, que como máximo responsable de la organización criminal tendría el control directo de las claves de acceso”.

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