El Consistorio pide al Gobierno romper el techo de gasto para atender urgencias

valencia. El alcalde Joan Ribó anunció ayer una serie de medidas económicas para hacer frente a la pandemia del coronavirus, entre ellas la petición al Gobierno de que el Ayuntamiento pueda romper el techo de gasto con partidas destinadas a ayudar a sectores en crisis. «Nuestra voluntad es que este dinero no compute y eso es lo que pediremos», dijo.

El anuncio se produjo tras una mañana agitada donde se celebró la junta de gobierno, la comisión de Hacienda y la comisión de seguimiento por los efectos de la pandemia. Ribó dijo también que reclamarán al Ejecutivo de Pedro Sánchez que transfiera la liquidación del IVA de diciembre de 2017, todavía pendiente debido a un conflicto administrativo, estimada en siete millones de euros.

Otra de las solicitudes es poder hacer uso del remanente del presupuesto del año pasado con más «flexibilidad» de lo que establece la normativa estatal y que obliga a destinar la mayor parte a inversiones. También la suspensión de la norma sobre el periodo medio de pago a proveedores.

Todo eso en el ámbito de las reivindicaciones, además de insistir a la Diputación que debe incluir Valencia en el Plan de Cooperación. «Somos el único municipio de la provincia que no aparece y pediremos los fondos para los 17 pueblos», señaló en referencia a las pedanías.

La junta de gobierno y la comisión de Hacienda aprobaron una serie de aplazamientos y exenciones de impuestos. Las subvenciones a pequeñas empresas y comercios se elevarán este año hasta los 4,5 millones de euros, mientras que la aportación a las Fallas pasará de 2,8 a 4,6 millones. El Consistorio destinará otro millón para reforzar el teletrabajo y la asistencia telefónica, mientras que Bienestar Social y Personas Mayores recibirán entre las dos una aportación extra de cuatro millones de euros.

En cuanto a los impuestos, el aplazamiento del pago del IBI en periodo voluntario será hasta el 10 de julio y se devolverán las tasas ingresadas por ocupación de vía pública, dadas las restricciones que ha marcado la crisis sanitaria. Las tasas de mesas y sillas de los bares se han suspendido, al igual que las de los mercadillos.

Por su parte, la portavoz del grupo popular, María José Catalá, adelantó que en el pleno de este jueves pedirá una batería de 25 medidas con un coste de 65 millones de euros, con el propósito de ayudar a reactivar la economía tras la crisis. La edil habló del «cierre de miles de negocios, los ERTES aumentando día a día y la paralización de todo tipo de eventos culturales».

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