La falta de medios sume en la opacidad el Consell de Transparencia

La última vez que el Consell de Transparencia difundió algún documento sobre su actividad nadie sabía que era el coronavirus. Ni los chinos. Nadie. Los hospitales que el gigante asiático construyó en apenas dos semanas para atender a los enfermos de Wuhan no eran ni siquiera un proyecto. Hace más de tres meses que el organismo creado para arrojar luz sobre la mala praxis de las administraciones valencianas sufre un apagón motivado por la falta de medios. «Estamos en cuadro», admite uno de sus miembros. Los consejeros siguen trabajando pero no se difunde su actividad. Como si lo hicieran en silencio. Ocultos. Y es el Consell de Transparencia.

La web de este organismo permanece inactiva desde hace tres meses. La última resolución data del 12 de diciembre del año pasado. Desde entonces ha enmudecido. Ni reclamaciones sueltas, ni resoluciones relevantes, ni informes, ni memorias, ni acuerdos. Nada desde que se inició el actual ejercicio.

Fuentes del consejo reconocen el ‘apagón informativo’ de un ente que se pone en marcha, paradójicamente, para evitar que la Administración no informe de su actividad. Las mismas fuentes indican que, la ya de por sí escasa infraestructura con la que contaba el organismo, ha sido diezmada paulatinamente durante los últimos meses. La asesora jurídica que les prestaban desde Presidencia se asignó a otras funciones. Igualmente, se marchó por su propia voluntad la jefa de la oficina.

Todo prestado

La semana pasada se incorporaron las personas que las van a sustituir, que obviamente precisan de un rodaje para conocer el funcionamiento de la institución puesta en marcha durante la pasada legislatura. La provisionalidad del consejo desde su arranque es de tal calibre que no cuenta con personal propio. Es todo prestado.

Esa falta de medios con la que trabaja la entidad es una denuncia recurrente por parte de sus consejeros. Carencia de recursos económicos, humanos y materiales de todo tipo que contrasta con un listado de competencias tan amplias como poco abordables teniendo en cuenta el personal y la asignación presupuestaria de la que dispone. El consejo cuenta con un presupuesto de 155.000 euros. Las retribuciones económicas se mantienen en 300 euros para los vocales y 400 para el presidente.

Toda la actividad de la Generalitat vinculada con la transparencia está en un periodo de transición. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ya señaló durante la campaña previa a las elecciones que le permitieron revalidar el puesto de jefe del Consell que sería necesario replantear la estructura creada en torno a la vigilancia de la transparencia de la Administración.

La conselleria que dirige Rosa Pérez Garijo (EU) se ha fijado otras prioridades, como es todo lo relacionado con la memoria histórica. Los cambios en la Secretaría Autonómica de Transparencia, de la que dimitió Ignacio Blanco hace dos meses, tampoco han beneficiado la buena marcha de una conselleria que paso de estar en manos de Compromís a las de EU.

Aunque los consejeros han seguido trabajando, sus resoluciones no se difunden, de tal modo que el Consell de Transparencia es cualquier cosa menos eso, precisamente, transparente. Las resoluciones se firman pero no se exponen públicamente. Entre los trabajos que permanecen ocultos se encuentra incluso la memoria de actividades del organismo durante el año pasado. Precisamente, la memoria sobre las actuaciones del Consejo de Transparencia en 2018 no se publicaron hasta octubre del año pasado, diez meses después de finalizar el ejercicio y medio año más tarde de estar listas para presentarse, al igual que está sucediendo ahora.

«Desde la puesta en marcha del Consejo de Transparencia, se han evidenciado dificultades debido a un diseño inadecuado en la ley del Consejo de Transparencia en cuestiones como da la dependencia orgánica, personalidad jurídica, número de consejeros y su dedicación. Estas dificultades siguen presentes y nuestra dependencia orgánica de la Conselleria de Transparencia ha sido utilizada por ésta para restringir el desarrollo del Consejo de Transparencia e impedir su potenciación», señala la última memoria entregada en Les Corts, tal y como avanzó este diario. Las carencias denunciadas, lejos de mitigarse, se han agravado con el tiempo.

Ocho meses de espera

La Comisión Consultiva del Consejo de Transparencia se sigue sin constituir pese a estar recogida en la ley. El informe relativo a 2018 ya avisaba de la falta de personal en la oficina de apoyo en comparación a otros organismos. Las carencias dificultan las obligaciones de la publicidad activa y prorrogan los plazos para resolver y notificar las reclamaciones, de tal modo que el plazo medio para resolver una reclamación ronda los ocho meses, lo cual llama la atención por tratarse de un organismo de nuevo cuño, que teóricamente no debería sufrir los retrasos propios a entidades con carga de trabajo acumulada durante muchos años.

El Consejo de Transparencia cerró 2018 con la apertura de 200 expedientes –26 más que el año anterior–. Además, elaboró ocho informes y 176 resoluciones. En 2018 se cerró el año con 99 reclamaciones que no pudieron ser resueltas –en 2017 quedaron pendientes un total de 137–. Uno de los cometidos del Consejo de Transparencia es velar por el cumplimiento de las obligaciones que emanan del órgano, algo que no ha podido ejecutar por la falta de personal.

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